La suspensión de la ley de movilidad produjo en 2020 que los jubilados cobraran menos con los decretos del Poder Ejecutivo que con lo que hubieran recibido por la ley suspendida.
Por Gabriel Greizerstein*
«Fue un buen año para los jubilados» declaró la Directora Ejecutiva de la ANSeS Fernanda Raverta. Cuesta cuantificar la desconexión de la realidad en estos dichos, en un 2020 donde la emergencia económica solo ha sido superada por la sanitaria.
La suspensión de la ley de movilidad produjo en 2020 que los jubilados cobraran menos con los decretos del Poder Ejecutivo que con lo que hubieran recibido por la ley suspendida. Toda promesa electoral quedó enterrada en la realidad que producen los números, tanto para el bolsillo del jubilado como para las arcas del Estado.
Y ahora, estamos una vez más ante las puertas de una nueva ley de movilidad. Uno de los problemas que se repiten es no escuchar a los expertos. Las mejores ideas surgen de los equipos interdisciplinarios, pero la fórmula propuesta viene directo del Poder Ejecutivo, prácticamente una copia de la utilizada en el año 2008. En aquella oportunidad, una vez propuesta la fórmula, se convocó a los expertos y en base a sus críticas se hicieron muy necesarias modificaciones.
Lo que vimos en esta oportunidad fue diametralmente opuesto: se escuchó a los expertos, no se tomó en cuenta su opinión y se propuso algo que no tiene nada que ver con lo debatido, tornando irrelevante el trabajo de la Comisión Bicameral.
Mi experiencia me indica que, cuando se agregan complejidades innecesarias a un tema, es para evitar dejar al descubierto resultados de tinte políticamente negativo que generan un impacto desfavorable en los beneficios de los jubilados.
En medio de un sistema previsional desactualizado y repleto de parches, la discusión de la movilidad aparece como una línea de escape. En lugar de tratar el problema de fondo, deformamos y despojamos de propósito a la movilidad.
Pareciera ser simple:
Mi jubilación va a reemplazar a mi salario y mi futura jubilación dependerá de mis aportes. Una vez que me jubilo, el monto de mi jubilación debe tener una razonable proporcionalidad al sueldo que percibía.
¿Qué es entonces la movilidad? Es una herramienta para que esa jubilación mantenga su cuantía a través del tiempo.
¿Si suben y bajan los aportantes al sistema, yo tengo que ganar menos? ¿Si mientras yo trabajaba, subieron los aportantes, a mí me empezaron a descontar menos de aporte para la jubilación?
La respuesta a ambas preguntas es un rotundo NO. No hay razón para que la recaudación del sistema se encuentre vinculada a la movilidad.
Atar la movilidad a la “sustentabilidad” del sistema crea una receta perfecta para una nueva catarata de juicios, pero al gobierno no le importa porque sabe que el porcentaje que reclama es mínimo, y por lo extenso de los juicios, va a ser problema de otro.
Con la fórmula propuesta, las consecuencias negativas son muchas:
- Por no encontrarse completamente atado a la evolución de los salarios, aunque suban, dicho aumento no se va a reflejar correctamente en los haberes previsionales.
- Si baja la recaudación, bajan los beneficios, aunque no tengan nada que ver con la recaudación.
- No se recupera la pérdida producida por la ley 27426 (Ley de Macri)
- No se recupera lo perdido por los decretos del Poder Ejecutivo durante el 2020.
La movilidad no debe ser solidaria, no debe ser balanceada, y no debe ser sustentable. Si se incorporan esos elementos deja de ser movilidad.
No hubo gobierno que no ajuste a los jubilados, rehenes de políticas que olvidan la mayor obligación de toda sociedad civilizada: proteger a sus niños y ancianos con la mayor extensión posible de sus recursos.
*El autor de la nota es abogado previsionalista