En los últimos días se llevaron adelante encuentros y convocatorias desde distintos ámbitos para reconvertir planes sociales en empleo.
Durante la cumbre entre el Gobierno Nacional (a través del ministerio de Desarrollo Social) y representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) se coincidió en la importancia de avanzar en este cometido.
Paralelamente (con muy pocas horas de diferencia), el Consejo Económico Social convocó a presentar distintas propuestas (con plazo hasta el 31 de diciembre) a sectores de la producción, universidades y gobiernos locales.
Desde hace años, el asistencialismo en la Argentina es cada vez más abarcativo a través de distintos ministerios de la nación y de gobiernos provinciales y municipales.
A pesar de tanta ayuda, en más de una oportunidad se ha tenido que implementar bonos y refuerzos excepcionales como consecuencia del alto costo de vida.
Esto representa un gasto público alto que pone en jaque permanentemente el déficit fiscal y no saca a la gente de la precariedad.
Por eso, bienvenido sea el compromiso que están tomando sectores fundamentales de nuestro país.
Que quede claro: hay que acompañar al Estado, pero para que esta reconversión resulte exitosa tiene que haber un Estado decidido a desandar el camino para cambiar esta realidad que margina cada vez a más personas en la Argentina.
Un Estado determinado en llevar adelante políticas duraderas que no sólo pongan el foco en la inserción laboral, sino además que se les dé las herramientas necesarias a los beneficiarios de estas ayudas sociales.
Trabajo, oficio y educación tienen que ir de la mano, sino seguiremos hablando de ciudadanos viviendo con precariedad y en desventaja.