El hambre es la herencia que viene recibiendo cada gobierno que asume en Argentina.
Una de las promesas de campaña de Mauricio Macri fue la de pobreza cero, algo que no sólo no se logró, sino que la pobreza se profundizó aún más.
En diciembre de 2019, ya con la actual administración de Alberto Fernández, ocurrió la presentación del programa Tarjeta Alimentar dentro del contexto “Argentina contra el Hambre”.
La Tarjeta Alimentar fue en sus inicios destinada exclusivamente de alimentos de la canasta básica sin posibilidad de intercambiar por dinero.
El otorgamiento era automático para titulares de AUH con hijos menores de 14 años, de Asignación Universal por Embarazo, personas con discapacidad y beneficiarias de PNC (Pensiones no contributivas) de madres con siete o más hijos.
Montos entre $6.000 y $12.000 de carga mensual, dependiendo la cantidad de hijos, con un alcance actual a 2.300.000 familias.
La Tarjeta Alimentar fue una medida más que oportuna. De no haberse implementado en paralelo con el programa asistencial de AUH los daños hubieron sido mayores a los que marca el INDEC.
Según cifras oficiales, durante este 2021 el 64% de la población de Argentina vive en situación de pobreza, lo que nos deja un futuro muy complicado.
Hace días supimos de más alcances con respecto a este programa alimentario. Se amplía a más productos y a la posibilidad de retirar el dinero para otros fines.
Esto último implica un riesgo si tomamos un estudio del año 2020 realizado por el propio Ministerio Desarrollo Social de la Nación que daba datos para nada alentadores.
Debido al proceso inflacionario, fue disminuyendo la compra de proteínas, lácteos y verduras; se los reemplazó por alimentos en base a hidratos de carbono con las consecuencias que trae: sobrepeso y malnutrición.
El programa hoy cuenta con un presupuesto de $18.000 millones mensuales para alcanzar a 3.700.000 personas.
La Tarjeta Alimentar es necesaria y debe garantizar de calidad nutricional, sin dejar de tener en cuenta que en situación de vulnerabilidad no siempre se logra o se puede discernir.
¿El Estado debe dar ventajas? Sí, todas las posibles y más cuando se trata de sectores vulnerables.
Pero debe garantizar la seguridad alimentaria de más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes que hoy viven en Argentina en situación de pobreza.