El número de trabajadores autónomos en Argentina a ido disminuyendo con el paso del tiempo.
Actualmente hay 350.000 contribuyentes, 150.000 menos que antes de la pandemia por Covid-19.
De manera paulatina, los cuentapropistas fueron dejando la figura de responsable inscripto para refugiarse en el régimen simplificado.
El mismo que alcanza a los monotributistas y que representa en la actualidad a una cantidad cada vez mayor, con 4.080.000 trabajadores.
Las razones de este traspaso voluntario se deben a que el monotributo es un régimen sostenible con respecto al pago de aportes previsionales e impositivos, más económico y contemplado por la seguridad social.
Los autónomos solo en obligaciones previsionales mensuales tienen un gasto que va desde $4.656 hasta $20.487, según la categoría en que revistan y la actividad que desempeñan.
A esto deben sumarle la parte tributaria: ingresos brutos, adelanto del IVA e impuesto a las ganancias.
Esto es sobre un mínimo no imponible cuatro veces menor al alcanzado a salarios en relación de dependencia ($175.000 mensuales brutos, según las últimas modificaciones de septiembre).
Además, el trabajador autónomo no tiene cobertura sanitaria. Corre por su exclusiva cuenta cualquier contratación de atención sobre la salud.
Y viene el dato más angustiante: al dejar la vida activa obtiene una jubilación de haber mínimo que no coincide con lo que aportó durante su historia laboral.
El cálculo de ese haber es el resultado de un porcentaje de su renta presunta sumado al valor vigente de la prestación básica universal sin tener en cuenta nada de lo que aportó durante 30 o más años.
Por si fuera poco, no tiene derecho a reclamar al Estado por un reajuste de haberes salvo en casos excepcionales.
La única solución posible a esta injusticia sería un cambio en la legislación, tan necesaria como urgente.
Paradoja eterna, el autónomo financia al monotributista: ambos se jubilan con el mismo haber mínimo.
El autónomo paga mucho más al sistema de seguridad social y se ha convertido, con el pasar de los años, en socio del estado: de la facturación que produce, el 35% lo debe destinar a pagar impuestos.
En definitiva, el autónomo es un trabajador olvidado por un sistema que no lo protege ni lo acompaña.
Mientras le exige cumplimiento de alta carga tributaria y previsional, que contrate y que genere puestos de trabajo, lo deja librado a su suerte descartándolo de cualquier medida reparadora.