Argentina ha tenido hasta el momento tres leyes de movilidad como mecanismo para actualizar los haberes jubilatorios y de pensiones del sistema previsional nacional.
La primera tuvo vigencia entre 2009 y 2017, la segunda desde 2018 a 2019 y la tercera entró a regir en enero de este año.
Recordemos que, en el 2020, por emergencia pública, se suspendieron los aumentos por ley y se implementaron por decreto.
Cada una de estas leyes se constituyeron con distintos componentes para determinar porcentajes de actualización y tramos de aplicación.
Pero todas se caracterizaron por una situación en común: cada gobierno que llegó al poder elaboró su propia ley de movilidad jubilatoria.
No hubo en este sentido una ley de movilidad que se sostuviera en el tiempo, aun cuando en seguridad social siempre fue necesario el largo plazo.
¿Cuál ha sido la razón de cada gobierno para elaborar su propia norma? Evitar destinar más presupuesto al pago de jubilaciones y pensiones y así lograr el fin último: el ahorro.
De esta manera se convierte una vez más a los jubilados en variable de ajuste de la economía argentina.
Sin embargo, la cuestión no ha quedado solo en este único hecho. Lo que al jubilado se le abona de menos o no se le da, termina en demandas al estado.
Cada vez que estas leyes se derogaron dejaron problemas de empalme que originaron diferencias pendientes de pago.
No fueron la excepción los aumentos por decreto del año pasado.
Cuando se ahorra con los jubilados se generan fallos judiciales a favor de quienes reclaman.
Hace décadas que venimos asistiendo a una realidad inducida por el propio estado: jubilados que necesitan recurrir a la justicia para que se les de la razón a un derecho que tuvieron desde el día que accedieron al beneficio.
La respuesta judicial es lenta. Son muchos años que están lejos del tiempo que se puede esperar a esa altura de la vida.
A la política le costó una enormidad entender estas cuestiones que tienen que ver con la subsistencia
No se tiene en cuenta que es un sector de la población al que debe amparar y proteger de manera prioritaria.
La realidad es que se suele priorizar los fríos números por sobre las necesidades de las personas.
Las decisiones del sistema político terminan dejando vacíos previsionales, además de injusticia e inequidad.
Cuando se ahorra con los jubilados se vulneran derechos de carácter alimentario garantizados por nuestra propia Constitución.
No hay que acostumbrarse a que los derechos no sean reconocidos. Ni tampoco naturalizar que las reglas permanentemente se cambien a mitad de camino.
No hay que acostumbrarse a una política contradictoria y arbitraria. Que dice y promete lo que después no cumple.