El aumento por ley de movilidad a partir de septiembre será del 12,39% y alcanzará a 18.400.000 de beneficios previsionales y sociales.
Estamos hablando de jubilaciones y pensiones contributivas, pensiones asistenciales y el universo de asignaciones familiares (AUH y AUE).
El interrogante está puesto en si con el aumento trimestral septiembre-diciembre el acumulado anual por ley va a estar cercano a los acuerdos paritarios e índice de inflación.
Si esto no fuera así, siempre está en análisis la posibilidad de un cuarto bono antes de fin de año para haberes jubilatorios vulnerables que son casi el 80% del total de los beneficios previsionales nacionales.
En el primer semestre de 2021 el equilibrio solo se consiguió con el pago de tres bonos: abril ($1.500), mayo ($1.500) y agosto ($5.000 en curso). Este monto extra solo alcanzó a los ingresos de haberes mínimos y medios.
Es imposible no dejar de pensar en las realidades paralelas que siguen subsistiendo en la seguridad social argentina. Leyes de movilidad que necesitan de la ayuda de pagos adicionales como los bonos para no perder la carrera contra la inflación.
A esto se suman los argumentos que dichas leyes le terminan dando a los titulares de las escalas más altas de jubilados y pensionados para que vayan a reclamar a la justicia el desfasaje frente a la pérdida de poder adquisitivo.
Esto es por estipular incrementos diferenciales al resto y sin bonos para compensar lo que vienen perdiendo desde hace 43 meses con la anterior ley de movilidad 2018/19 y el decreto de suspensión del 2020.
Se trata nada más ni nada menos que de la litigiosidad interminable en Argentina: personas detrás de expedientes que esperan por años que la justicia falle a su favor.
Años de espera y un estado condicionado a tener que pagar retroactivos de deudas previsionales.
En estas situaciones puntuales es donde se genera la inequidad de un sistema, donde se ve claramente la injustica de nuestra seguridad social.