La semana próxima se firmará por Decreto de Necesidad y Urgencia el acceso a la jubilación a mujeres con hijos para que puedan sumar años de aportes y alcanzar los 30 de servicios exigibles por ley. Para llegar a este beneficio deberán cumplir con los 60 años como edad mínima jubilatoria.
La medida reconocerá un año de aporte por cada menor biológico o adoptado y dos años para quienes hayan percibido asignación universal por hijo al menos 12 meses o para quieres hayan solicitado licencia por maternidad o por excedencia al tener un trabajo registrado en ese momento.
El objetivo es que las mujeres puedan hacer uso de dos instrumentos: moratorias previsionales y este nuevo programa a implementarse a partir del mes de agosto.
Ya existen en otros países iniciativas similares para que las mujeres puedan acceder a más derechos, ya que justamente a nosotras nos cuesta más conseguir la misma valoración monetaria que los hombres en el ámbito laboral.
Para las mujeres fue desde siempre más difícil la reinserción en el mercado después de la maternidad. Terminamos siendo propensas a quedar encuadradas en trabajos informales e inestables.
El Estado como tal debe siempre asistir y amparar, sin importar que el gobierno sea de primer mundo o subdesarrollado, con o sin prosperidad económica. Es fundamental asegurar en cada medida a implementar la equidad en seguridad social.
Mientras se incorporan políticas de inclusión es esencial asegurar que cada ciudadano perciba una prestación acorde a los años que aportó durante su vida laboral activa.
No puede ser que en la Argentina haya personas que cuenten con casi 30 años de aportes y no puedan acceder a ninguna prestación, ya sea una pensión universal para el adulto mayor o una jubilación por moratoria, porque no pasan la evaluación socioeconómica.
Tiene que haber acceso para todas y todos, y no a modo de asistencialismo. Debe ser por el cálculo de una prestación equivalente a la cantidad de años que la persona aportó. Está bien incorporar programas de acceso, pero mientras esto ocurre hay que ordenar las prioridades.
Es necesario que pongamos en marcha medidas superadoras que no dejen a ninguna persona fuera del sistema previsional, es decir, de la protección de los derechos que establece la seguridad social.