En el discurso presidencial y con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias, Alberto Fernández habló de un sistema previsional único, sustentable y a largo plazo.
En este eje de su discurso se pueden encontrar una de las razones del proyecto que se impulsó desde el Gobierno para reformar el régimen jubilatorio del Poder Judicial, del Ministerio Público y del servicio exterior, y que además forma parte de la reforma judicial.
No va a ser tarea fácil. En nuestro sistema previsional hay regímenes especiales diversos, con leyes que los contemplan, y un régimen general con 8 millones y medio de beneficiarios, con jubilados contributivos y pensionados asistenciales.
Los primeros, con requisitos y movilidades propias, que no están actualmente suspendidas, y los de régimen general, con una movilidad que quedó suspendida por 180 días a partir de la sanción de la Ley de Solidaridad Social.
Estos últimos se encuentran con un esquema temporal de aumento fijado por el decreto 163, que en marzo pone más recursos en los jubilados de menores ingresos a disgusto de los que ganan por encima de los 15.892 pesos del haber mínimo y que vieron menguados sus ingresos ante la gradualidad de estos aumentos. En ese contexto, por estas horas analizan si esperan que la nueva movilidad los recomponga o si inician demandas contra el Estado.
No va a ser tarea fácil comenzar a trabajar y ordenar un sistema previsional como el nuestro, solidario y de reparto, para que sea único sustentable y a largo plazo.
Por lo pronto, lo más inmediato es la elaboración de un proyecto de movilidad jubilatoria, trabajo que harán en conjunto el Poder Ejecutivo con los legisladores y que deberá estar listo antes del 23 de junio, cuando se cumplan los 180 días de la suspensión de la Movilidad Jubilatoria que rigió hasta diciembre de 2019.
El punto del debate y disidencia entre el oficialismo y la oposición estará en si será una movilidad relacionada a la inflación, a la evolución del salario o la recaudación publica.
La renegociación de la deuda es la que va a marcar, en definitiva, la previsibilidad de nuestra economía futura con un déficit fiscal actual cuya mayor incidencia la tiene la Seguridad Social, representando más del 60% del gasto público nacional.
En este contexto, cómo ahorrar y redistribuir dando aumentos en jubilaciones con equidad, lo tendrá que definir el Congreso en los próximos meses con una premisa fundamental: el haber jubilatorio es sustitutivo del salario en actividad; y la movilidad, la única garantía de esa jubilación a lo largo del tiempo.